«Proponen una tramitación paralela de las licencias urbanísticas para agilizar los plazos» Diario Hoy

La Asamblea de Extremadura ha acogido este martes una ronda de comparecencias dentro del período informativo de la propuesta de ley, que pretende atraer iniciativas con una inversión mínima de 1.000 millones de euros y que generen 2.000 puestos de trabajo.

En su intervención, Ortiz ha considerado que es «difícil» que los promotores puedan comenzar las obras del proyecto a los seis meses de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del plan de ordenación, una exigencia que ha tachado de «excesiva».

Por ello, ha planteado estudiar la inclusión de una «fórmula mixta», que permita iniciar la tramitación de las licencias urbanísticas desde la calificación inicial y, una vez que sea definitiva, puedan ser efectivas rápidamente.

Ortiz se ha opuesto a que la reducción a la mitad de los plazos establecidosen materia de tramitación, aprobación y ejecución del planeamiento urbanístico, como recoge la propuesta de ley del PSOE, ya que puede ir en «detrimento» de las garantías que hay que tener con proyectos tan «sensibles» como estos.

El decano ha reclamado un marco general que establezca los aprovechamientos máximos razonables y sostenibles, en el que se concreten aspectos como la ocupación, la densidad de viviendas o el número de alturas de los edificios.

También ha considerado necesario que se exija un documento de análisis del impacto sobre la ordenación del territorio, que incluya materias como la movilidad de usuarios y trabajadores o la incidencia de las nuevas actividades económicas sobre las ya existentes.

Asimismo, ha abogado por establecer medidas correctoras por si el proyecto no llega a su vida útil por falta de viabilidad, para la reutilización de los terrenos o el reciclaje de los residuos en caso de demolición.

En líneas generales, ha considerado «positivo» que se saque una nueva regulación para proyectos tan complejos y que se busque la agilización de los plazos, además de que se fomente la participación ciudadana y que se dé voz a los ayuntamientos, aunque, a su juicio, estos debería de participar en la toma de decisiones».